La Ministra de Educación y portavoz en el Congreso de los Diputados, Isabel Celaá, ha dado marcha atrás con el polémico decreto ley que aprobó a finales de diciembre de 2018. En esta regulación, el Ejecutivo obligaba a las empresas que estuvieran haciendo prácticas curriculares no remuneradas a darles de alta en la Seguridad Social.
La medida ha levantado ampollas en varios sectores, tanto en el educativo como en las empresas. Tanto es así que el director del departamento de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, Jordi García, aseguró que la decisión suponía “un incremento de costes” que “puede poner en peligro dichas prácticas”.
Por parte de las Universidades ya mostraron su animadversión hacia el decreto ley alegando que ellos no se iban a hacer cargo de los 51 € que había que pagar a las empresas para dar de alta en la seguridad social. Del mismo modo, las corporaciones también alegaron que no se iban a pagar la cantidad establecida.
Tras este giro en los acontecimientos, y las críticas que han provocado, el Gobierno se inclina por suprimir los diferentes modelos de cotización que había estipulado en diciembre. Ahora tendrá que enfrentarse a los sindicatos, con quienes ya estuvo en negociaciones para atacar el problema y crear un estatuto del estudiante en prácticas que obligase a las empresas a cotizar por los ellos aunque no estuviesen percibiendo ninguna retribución.