Desde el pasado 1 de enero, las empresas están obligadas a dar de alta en la Seguridad Social a los becarios que realizan prácticas curriculares según lo ha determinado el Ejecutivo mediante un decreto ley aprobado el pasado 28 de diciembre de 2018.
El objetivo de la administración de Pedro Sánchez no es otro que confeccionar una fotografía lo más nítida posible sobre la situación en la que se encuentra este colectivo y terminar con las situaciones irregulares que se producen en algunos centros de trabajo.
Hasta ahora, las compañías no estaban obligadas a dar de alta a los becarios universitarios o de FP siempre y cuando fuesen prácticas curriculares sin remuneración mientras que ahora ese matiz desaparece para hacerlo efectivo a todos los estudiantes que hagan prácticas independiente de si perciben una cantidad económica o no.
La medida no ha dejado a nadie indiferente y las reacciones se han sucedido desde que el Gobierno comunicase la polémica normativa. Por parte de las universidades y de las empresas critican la medida y afirman que ninguno de los colectivos está dispuesto a asumir el coste de 51 € mensuales por la cotización. En un primer momento, el Gobierno decidió repartir la carga del importe entre los organismos afectados hasta que, a finales de la pasada semana y tras las protestas de las universidades, se decidió que fueran las empresas las encargadas.
El director del departamento de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, Jordi García, declaró que “las cotizaciones a la seguridad social van vinculadas al salario en todos los países de la Unión Europea. Esta medida es una perversión del sistema, ya que lo que permite es poder comprar la pensión”. Además, como la función de los estudiantes no es la de trabajar sino la de continuar con su formación en un ambiente más práctico para adquirir estos conocimientos, reconoce que “no tiene sentido” que coticen.
Por parte de las universidades, la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras, ha comentado que “todos queremos un país en el que todo el mundo cotice y tenga unos derechos y unos deberes. En eso estamos trabajando” mientras que ha enfatizado que “los estudiantes quieren trabajar”.
El Ejecutivo tiene tres meses para encontrar una solución a esta situación que permita desarrollar un sistema de cotizaciones para los becarios según figura en el real decreto 28/2018 que estipula la medida.